jueves, 21 de noviembre de 2013

El parlamento andaluz reclama al gobierno la transferencia de fondos para políticas activas de empleo


El parlamento andaluz reclama que el Gobierno transfiera ya a Andalucía los fondos para políticas activas de empleo

El Pleno del Parlamento aprobó el pasado jueves una proposición no de Ley presentada por el PSOE-A, que ha contado con los votos favorables de IULV-CA y la abstención del PP-A, en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que transfiera ya a la comunidad los fondos para políticas de empleo recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio. La Cámara andaluza considera necesario que el Ejecutivo nacional haga efectiva la transferencia de esos fondos correspondientes para evitar que las personas solicitantes de las medidas recogidas en el Decreto ley 8/2013 sobre medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento no se vean perjudicadas.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha indicado que el Gobierno español, además de haber reducido en más de un 57 por ciento (800 millones) los fondos para políticas activas de empleo, aún no ha transferido los recursos vinculados para su desarrollo en el presente ejercicio. Además, el Ministerio de Empleo no ha realizado todavía el reconocimiento del derecho al cobro de las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas activas de empleo recogida en los PGE del presente ejercicio.
 
Según Gómez, ante la falta de reacción e incumplimiento por parte del Gobierno de España, desde la Junta se ha aprobado un conjunto de medidas consensuadas con los agentes económicos y sociales más representativos, que se han visto reflejadas con la aprobación del decreto ley 8/2013 de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.
 
Ha añadido que el citado decreto ley, como ha avanzado el Gobierno andaluz, suma una serie de programas y medidas que hasta el momento han sido demandadas por más de 30.000 solicitantes y, de confirmarse y resolverse las distintas convocatorias que en él se recogen, podrían suponer un apoyo público de más de 150 millones de euros.
 

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